FANTASTICO NEGOCIO

    Aunque tardíamente, es de celebrarse que, en mayo de este año, el ministerio de Justicia por fin se dedicó a pulir los desacertados y desacreditados listados de desaparecidos durante la guerra antiterrorista de la década del 70, publicados en su momento por la Conadep (donde figuraban erróneamente la jueza Carmen Argibay, el Dr. Esteban Righi, el juez Alfredo Meade y muchas otras personalidades conocidas y desconocidas).
     De este informe reciente, se reduce la cifra original (calculada en 8.960 desaparecidos) a 6.000 (de los cuales 900 pertenecen al período constitucional 1973/76, del que nunca se habla ni se investiga). De estos 6.000, según confesión expresa del jerarca guerrillero Mario Firmenich, la mayoría absoluta eran integrantes de las organizaciones terroristas, las mismas que entre 1969 y 1979 fueron autoras de 21.665 atentados subversivos (hechos y cantidades que fueron ratificados en la sentencia dictada el 09/10/85 por la Cámara Federal de Apelaciones en lo Criminal y Correccional - Cap. 1. Cuestiones de hecho. Causa 13).

     No obstante, el Estado Nacional se ha dispuesto insólitamente a indemnizar muy jugosamente a los familiares de los terroristas caídos o desaparecidos durante nuestra guerra interna. Para tal fin, se sancionó oportunamente la Ley 24411, que en su increíble artículo 5 dice lo siguiente: "En caso de aparición de las personas mencionadas en el artículo 1º, se deberá comunicar esta circunstancia al juez competente, pero no habrá obligación de reintegrar el beneficio si ya hubiera sido obtenido". Es decir, aunque posteriormente se demuestre que esto fue una farsa y una estafa al Estado Nacional y al pueblo argentino, la "platita" ya está cobrada, no habrá sanción ni devolución alguna y, como dicen en mi barrio: "pito catalán".

     ¿Es muy osado pensar entonces que aquí se está escondiendo un fantástico negocio? Pues, ante lo desconcertante del artículo 5 de esta ley, es de suponer que para cobrar el dinero, previamente, el peticionante debe ofrecer fundamentos inexpugnables e indubitados de la situación fáctica y que la administración pública, por ende, debe exigir rigurosas pruebas que brinden certeza plena e inequívoca que avalen la efectiva desaparición, y que, por añadidura, el margen de "reaparición" es virtualmente nulo. Sin embargo, el artículo siguiente (Art. 6) dice: "En caso de duda sobre el otorgamiento de la indemnización prevista por esta ley, deberá estarse a lo que sea más favorable al beneficiario o sus causahabientes o herederos, conforme al principio de la buena fe".

     Es dable aclarar que este último artículo es transcripto prácticamente de modo literal (ahora como artículo 3) en la muy reciente ley 25914 (que extiende las indemnizaciones a los hijos de los desaparecidos).

     Pero el último episodio que se adjunta al gran festival de premios a todo el enjambre subversivo se forja a partir del resonante caso Susana Yofre de Vaca Narvaja (madre del jerarca terrorista Fernando Vaca Narvaja), cuya indemnización (aprobada por la "unanimidad automática" de la Corte) se funda, en este caso, en el exilio que su familia tuvo que padecer como consecuencia de la "persecución a que fue sometida durante la última dictadura militar" (sentando un peligrosísimo precedente que abre la puerta a un nuevo megadesembolso a favor del terrorismo supérstite).

     Lo insólito de esto último es que la madre del mentado terrorista perdió a un hijo suyo en 1975 (pleno gobierno constitucional), perdió a su marido el 10 de marzo de 1976 (pleno gobierno constitucional), la familia se refugia en la embajada de Méjico el 23 de marzo (pleno gobierno constitucional) y Susana Yofre reconoce haber regresado al país en 1982 (pleno gobierno cívico-militar). ¿En qué quedamos: se escapa perseguida por el gobierno democrático y vuelve durante el gobierno de facto ? ¿Acaso se sentía más segura bajo el gobierno militar que bajo el gobierno constitucional?

     Sin embargo, la prensa mayoritaria informa que esto se debe a un resarcimiento para los que sufrieron la persecución durante la "dictadura militar", aunque, como vemos, en el caso de marras, esto no fue así. De todos modos, es dable aclarar que los sobresaltos que la familia Vaca Narvaja pudo haber padecido fueron como consecuencia de las actividades criminales de Fernando, y no por otra causa.

     Asimismo, si bien no se puede saber ni probar si los éxodos registrados antes y durante el gobierno cívico-militar fueron producto de la libre elección o de circunstancias forzosas, lo llamativo es que los emigrados no se instalaban en Cuba, Nicaragua, la URSS o China (países a los que tanto defendían), sino que generalmente se asentaron en países occidentales y capitalistas (no fuera a ser cosa que al sufrido progresismo transatlántico le faltare el confort y el buen champagne).
     
     Pero, lo más dramático de todo esto es que seguimos ratificando nuestra condición de país poco serio: ¿qué pasaría si el presidente de España, Rodríguez Zapatero, dispusiera indemnizaciones para cónyuges, hijos y madres de los terroristas de ETA? ¿No constituiría esto un escándalo internacional?

     Otro dato lamentable de todo este espectáculo dinerario que los terroristas y sus simpatizantes están gozando es que lo hacen con el dinero de nuestros impuestos, cuyos montos, por naturaleza y función, deberían destinarse al bien común y no al disfrute de una minoría de ideólogos y activistas que ayer ensangrentaron la Patria en una demencial guerra civil y hoy la estrangulan saqueando las arcas del Estado con estos artificiosos resarcimientos.

     Y a todo este dispendio nefando, tenemos que sumarle aventuras insólitas, tales como pagar 100 millones de pesos para construir el gigantesco museo apologético de la guerrilla marxista (conocido como "Museo de la Memoria"), sito en la Escuela de Mecánica de la Armada.

     Si bien el PEN ha hecho del setentismo y de la venganza una política de Estado, no sabemos a ciencia cierta si esto responde a una fuerte convicción interna del presidente Kirchner o al oportunismo, la demagogia y la coyuntura local en la que le toca gobernar. Pero lo que sí podemos afirmar sin margen de error es que (más allá de las causas) esto constituye un acto de manifiesta irresponsabilidad, ausencia de cordura y tomada de pelo a los países serios del mundo que están llevando adelante un gran esfuerzo común en reforzar sus aparatos defensivos (tanto en materia jurídica, armamentística e inteligencia) para librar con éxito esta batalla contra el terrorismo mundial, tan recurrentemente aplaudido por Hebe de Bonafini, la "madre de todos nosotros", según lo afirmó públicamente nuestro desabrochado primer mandatario.

     
     Nicolás Márquez es abogado y autor del libro La Otra Parte de la Verdad